Una posibilidad de acuerdo que evite a la Argentina caer en un nuevo default comenzó a materializarse esta noche, luego que trascendiera la reunión que al mediodía mantuvieron los bancos nucleados en Adeba, convocador por el titular de esa organización, el dueño del Banco Macro, Jorge Brito.

En el encuentro, Brito propuso integrar entre todos un fondo de 250 millones de dólares para que el Gobierno pueda ofrecer como pago en garantía de un ulterior acuerdo a los fondos buitres liderados por Paul Singer.

Al inicio de la reunión, realizada en las oficinas de Adeba, varios de los banqueros presentes se mostraron renuentes con la idea de salvarles las papas al Gobierno, pero sobre el final, el titular del Banco Ciudad, el macrista Rogelio Frigerio, propuso retomar la idea y finalmente se acordó respaldarla. 

"Yo arranco poniendo 100 millones", dijo Brito. El resto de los banqueros acordó hacer sus números y mas tarde coordinar llamados para terminar de integrar la suma de u$s 250 millones, si finalmente cuajaba la iniciativa.

No se dijo explícitamente, pero a varios de los presentes les quedó la sensación que la iniciativa de Brito tenía un guiño del Gobierno.

También circuló el rumor de que el Gobierno había tanteado al JP Morgan para que aporte los fondos necesarios para integrar la garantía, que fiel a su costumbre de manejar mala información o negar lo evidente, ayer nomás había desmentido el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

En definitiva, se trata en trazo grueso del modelo de acuerdo anticipado por LPO en el día uno del fallo de la Corte Suprema, que señalaba la posibilidad de depositar entre 200 y 300 millones de dólares como garantía y ofrecerle a los holdouts una promesa de completar el pago con títulos después de fin de año -cuando vence la cláusula RUFO- por el resto de la deuda.

La idea de que sean bancos privados los que aporten esta garantía apunta a soslayar la cláusula RUFO, porque no sería el gobierno argentino el que aporta esos fondos. Esto quedó confirmando con un inverosímil comunicado de manual del Banco Central, "desmintiendo" que esté al tanto de la movida de Adeba.  

Durante todo el día los mercados reaccionaron positivamente, al calor de sucesivos rumores de un acuerdo, alentado además por lo prolongadas que se hicieron las negociaciones, lo que indicaba que se estaba discutiendo en serio.

De hecho, las negociaciones luego de más de tres horas ininterrumpidas pasaron a un cuarto intermedio, se supone porque ingresaron en un punto crítico que requería consultas al más alto nivel. Al punto que el ministro de Economía, Axel Kicillof, abandonó la comitiva argentina que acompañaba a Cristina Kirchner a la cumbre del Mercosur en Venezuela y llegó a Nueva York poco antes de las 20 horas de Argentina, donde se aprestaban a retomar las negociaciones conducidas por el mediador Daniel Pollack.

Es bastante evidente que el ministro no viajaría a Nueva York sino hubiera una posibilidad concreta de acordar, que por otro lado se ve empujada por el mercado que, como reveló LPO esta tarde, empezó a definir con crudeza esta tarde los efectos graves que ocasionaría a la Argentina un nuevo default.

Se mencionaba incluso la posibilidad de una conferencia de prensa de Kicillof desde Nueva York, en la que estaría trabajando personal de la Casa Rosada.

Por otro lado, esta noche la agencia de noticias DyN anunció que un representante de Adeba viajaba a Manhattan para confirmar el aporte de la garantía y hasta eventualmente la posibilidad de comprar a los fondos buitres toda la deuda en default que supera los 1.600 millones de dólares. Aunque hay dudas sobre si tienen esos fodnos disponibles.

En este clima de búsqueda desesperada de un acuerdo contra reloj, se sumó hoy el pedido de al juez Thomas Griesa de bonistas europeos, que concentran unos 5.200 millones de dólares, de que reponga un stay para permitirles cobrar. Estos bonistas se comprometían además a no disparar la cláusula RUFO. 

Sin embargo, es importante aclarar que esta movida de Brito puede ser una parte de un eventual entendimiento con los holdouts, pero no es el acuerdo, que implica otras complicadas cuestiones como las garantías que ofrecerá el juzgado para que no se dispare la RUFO, el plazo de vencimiento de los bonos que eventualmente se entreguen para pagar el resto de los más de 1.600 millones de dólares que se debe a los holdouts cubiertos por el fallo de Griesa, entre otras cuestiones.

Lo que está cada vez más claro para el mercado es que el Gobierno parece haber empezado a entender ante la inminencia del abismo, que no está en condiciones de controlar los efectos de un eventual default.